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JURISPRUDENCIA RELEVANTE

1. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. ESTACIONES DE SERVICIO. REPRESENTACIÓN EN JUICIO. PODER ESPECIAL. NULIDAD PROCESAL. ORDEN PÚBLICO. CARTA PODER.
-CACircuitoRosario. Borri, Diego Alfredo c/ Casas, Antonio Ernesto y otros s/ Cobro de pesos
-Ver completo en www.editorialjuris.com. Jurisprudencia. Cita: JJuris12528

Responsabilidad de una estación de servicio por suministrar a un vehículo un tipo de combustible diferente al que requería el automotor.

Sumario
La profesionalidad del proveedor —en el caso, estación de servicio— le exige que la prestación de su servicio no cause daño al consumidor. Y atento a que la carga de un combustible distinto al que requiere el vehículo causa indefectiblemente un daño al motor, el combustible se muestra como una cosa potencialmente riesgosa, susceptible de generar un daño severo, que impone al proveedor el deber de redoblar sus esfuerzos a fin de evitar toda posibilidad dañosa.
Ninguna prueba ha aportado la parte demandada que acredite que el vehículo de la actora no indicaba expresamente qué tipo de combustible se le debía suministrar. Por lo que se debe concluir que la tesis defensiva del recurrente, en lo que a este punto refiere, carece del debido respaldo probatorio.
El actor ha otorgado poder suficiente y, al momento de hacerlo, su identidad fue debidamente controlada por autoridad judicial. Y el hecho de que dicha autoridad judicial sea ajena al ámbito de la provincia donde se desarrolla el proceso no hace presumir que ese contralor se haya realizado en forma liviana o desaprensiva.
Ante la falta de afectación del orden público, hace que la eventual insuficiencia formal del poder haya quedado purgada por el consentimiento tácito del recurrente, y por la consecuente preclusión de las etapas procesales que se sucedieron bajo su anuencia.
Ningún gravamen causó al recurrente el hecho de que la procura otorgada por el actor en favor de una abogada se haya extendido ante una autoridad judicial de otra provincia. Esa circunstancia es completamente ajena a la atribución de derechos que se ha de definir en esta causa y exorbita, por tanto, el interés legítimo del demandado.
La declaración de nulidad de un acto o, más aún, de todo el proceso, constituye un remedio que reviste notas de reconocida excepcionalidad, especificidad y restricción.
La cuestión de la personería reviste indudablemente un interés público y que, a partir de ese interés, se debe admitir la incumbencia ex officio de parte del tribunal, para posibilitar el necesario control de los extremos de la representación.
El orden público que puede verse eventualmente afectado por un defecto de representación no es otro que el interés de evitar a toda costa el dispendio jurisdiccional inútil que resultaría de la tramitación de un proceso cuyo resultado no pueda, finalmente, ser directamente imputado a la parte que ostenta la legitimación procesa.
No existen motivos para emancipar a las cuestiones de personería de los principios de preclusión procesal, conservación y consentimiento de los actos.
En materia de personería puede verse afectado el orden público sólo en cuanto a que una representación defectuosa o inexistente pueda conducir a una sentencia inutiliter data.
Es instrumento suficiente la carta poder otorgada por las partes sin otro requisito que la autenticación de sus firmas por cualquiera autoridad judicial.

2. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. Inadmisibilidad. Requisitos propios. DISCAPACITADOS. OBRA SOCIAL. Prestación. Cobertura asistencial. Título profesional.
-CSJN. 4/10/2022
-D., S. G. c/ IAPOS Instituto Autárquico Provincial de Obra Social y otros -amparo- s/ Recurso de inconstitucionalidad.
-Ver completo en www.editorialjuris.com. Jurisprudencia. Cita: JJuris12700

Sumario:
Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por la falta de entidad constitucional de los planteos, desde que la recurrente cuestiona -en esencia- la decisión de la Cámara de revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la acción amparo tendente a lograr la cobertura del tratamiento de estimulación auditiva de la menor, por considerarla violatoria de los derechos constitucionales que protegen el acceso a la salud de una persona doblemente vulnerable, y de la lectura del pronunciamiento impugnado surge que para sustentar esa postura la Sala entendió que no se había acreditado que el método requerido pueda ser considerado como una prestación de rehabilitación, de conformidad con la ley 24901 que establece las prestaciones en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad; y asimismo, destacó que la prestación de rehabilitación sólo puede ser desempeñada por quienes acrediten títulos profesionales en fisioterapia, kinesiología, terapia ocupacional, psicología, fonoaudiología, psicopedagogía y otros tipos de atención reconocidos por autoridad competente, y el método requerido sería llevado a cabo por una profesional cuya especialización no se encuentra incluida en la resolución respectiva, ni se ha aportado a la causa constancia alguna de contar con autorización expresa de alguna autoridad competente.

3. CONDOMINIO. División de condominio. Condominio inmobiliario. DONACIÓN. EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. ALLANAMIENTO. COSTAS.
-Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala I. 21/4/2022
-Rova, Hugo Mario c/ Manassero, Alejandro Ramón y otros s/ División de condominio.
-Ver completo en www.editorialjuris.com. Jurisprudencia. Cita: JJuris12505

El hecho de que el demandado interponga excepciones de previo y especial pronunciamiento, no obsta a que se allane a la pretensión y que se impongan las costas en el orden causado.

Sumarios
Las excepciones opuestas han sido establecidas por el ordenamiento procesal en primer lugar para ser ventiladas de modo previo a la contestación de la demanda, y en segundo orden, para despejar las ineficacias que podría acarrear un defecto en el instrumento en el que se funde la representación de las partes y el incumplimiento del procedimiento de mediación previa impuesto por una norma de orden público.
No prevé el CPCyC que el accionado deba anunciar su voluntad de allanarse antes del diligenciamiento de las excepciones procesales de previo y especial pronunciamiento.
Si se trata de una división de condominio inmobiliario los demandados deben ser titulares registrales del inmueble que se pretende dividir.
En una acción por división de condominio, sólo revisten la calidad de sujetos pasivos de aquélla, quienes resulten ser titulares de dicho derecho real perfectamente establecido y probado mediante la pertinente inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.
En virtud de lo normado por el artículo 1175 del Código Civil -vigente al momento de la celebración de la donación, y consagrado hoy en el artículo 1021 del CCC- los contratos sólo tienen efecto entre las partes, atañen o perjudican a ellas, y no afectan a terceros excepto en los casos previstos en la ley.
Las vicisitudes verificadas respecto a la pretensión de división de condominio contra la anterior titular (intimaciones y la defensa de falta de acción interpuesta por ésta al contestar su demanda) no pueden perjudicar ni favorecer a su sucesor singular, por no resultar materia exceptuada del efecto relativo del contrato de donación, pero, además, porque se constituyó una nueva relación procesal entre los actuales titulares de las porciones indivisas.

4. EJECUCIÓN FISCAL. RÉGIMEN DE PREVISIÓN PRESUPUESTARIA. INTERESES. RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS.
-Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV. 22/3/22
-GCBA c/ EN y/o propietario Av. Ingeniero Huergo 231 s/ Ejecución fiscal tributarios.
-Ver completo en www.editorialjuris.com. Jurisprudencia. Cita: JJuris12491

Para el cobro de las sumas en concepto de intereses sobre el capital adeudado no debe cumplirse con el régimen de consolidación de deudas previsto en el art. 22 de la ley 23.982

Sumarios
Deviene irrazonable exigir que, para el cobro de las sumas que se devengaron en concepto de intereses sobre el capital adeudado, se deba cumplir nuevamente con el procedimiento previsto en el artículo 22 de la ley 23.982; máxime, cuando tal exigencia acarrearía una sucesión infinita de diligencias a los fines de atender las previsiones presupuestarias necesarias para satisfacer los intereses generados por el propio procedimiento del artículo citado, lo que a su vez provocaría un dispendio jurisdiccional innecesario e injustificado.
Teniendo en cuenta que se encuentra fuera de toda discusión que no se trata de una deuda consolidada —Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras— en nada incide, a los fines de esclarecer la controversia, el discutido carácter de deuda corriente de la obligación original, que fue cancelada mediante el referido régimen de previsión presupuestaria.
El Estado Nacional deberá adoptar las medidas necesarias para que la previsión presupuestaria sea comprensiva del capital de condena y de los intereses devengados hasta su efectivo pago.

5. TRABAJO AGRARIO. CONTRATO DE TRABAJO POR TEMPORADA. DESPIDO. INDEMNIZACIÓN. DAÑOS Y PERJUICIOS.
-Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto. 22/12/21
-Bacigalupe, Juan Pablo c/ Dow Agrosciences Arg. S.A. s/ Demanda laboral.

-Ver completo en www.editorialjuris.com. Jurisprudencia. Cita: JJuris12497.

Se rechaza una indemnización de derecho común por la extinción de un contrato de trabajo permanente discontinuo.

Sumarios
El a quo determinó la improcedencia del rubro peticionado en mérito a la no existencia de pruebas que avalaran el perjuicio económico que decía haber sufrido el actor reclamante, más en modo alguno tomó en consideración a los fines de determinar la improcedencia del reclamo específico la época en que se había consumado el despido.
La extinción por despido injustificado del contrato de trabajo permanente discontinuo da lugar a un régimen indemnizatorio distinto según que ella ocurra en el lapso de actividad o de receso.
Si se extinguiera anticipadamente el contrato de trabajo permanente discontinuo, pendientes los plazos previstos o previsibles, la ley 26.727 prevé la procedencia de un doble régimen indemnizatorio: por una parte el que corresponde a todo trabajador permanente, según lo normado en el título XII de la LCT y conforme lo disponen los artículos 16 y 21 para los trabajadores agrarios permanentes continuos o discontinuos (ha de tenerse en cuenta la inexistencia, a su respecto del período de prueba previsto, en general, en el artículo 92 bis de la LCT); por la otra, las indemnizaciones provenientes del derecho común, carentes, como tales, del carácter tarifario de las anteriores.
El artículo 97 de la LCT regula las consecuencias resarcitorias de la frustración de la expectativa de completar el ciclo, y por lo tanto es dable requerir que el despido tenga lugar durante el transcurso de la prestación de servicios, no asistiéndole al trabajador el derecho al cobro del resarcimiento previsto para la ruptura ante tempus de los contratos a plazo fijo, cuándo el empleador se ha negado a reanudar el vínculo.

ARTÍCULOS DOCTRINARIOS

DERECHO DE SEGUROS: LA DECLINACIÓN DE COBERTURA POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD.
Por: Marina L. Sánchez. DJuris886

-LAS PLATAFORMAS DE E-COMMERCE DESTINADAS A BRINDAR SERVICIOS DE REPARTO
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ASEGURADO SIN CARNET: ¿RESPONDE LA COMPAÑÍA?
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EL PARADIGMA AMBIENTAL Y LAS TELECOMUNICACIONES EN ARGENTINA
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INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO (A), VÍNCULO FILIAL Y SOCIOAFECTIVIDAD
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